En los últimos meses, Guayaquil ha vuelto a colocar sobre la mesa una discusión que no es nueva, pero que ahora adquiere otro peso: el rol de las zonas francas y de la infraestructura portuaria como palancas para atraer inversión y fortalecer la plataforma logística del país. La conversación aparece en un momento en el que el entorno regional y global es menos predecible, y eso cambia la forma en que estas iniciativas deben leerse.

El impulso a nuevas zonas francas y ZEDE vinculadas a puertos como Posorja busca responder a una necesidad clara: ofrecer espacios donde logística, industria y comercio exterior puedan integrarse con mayor eficiencia. En el papel, la propuesta es atractiva. Permite pensar en valor agregado, en operaciones más sofisticadas y en una mayor competitividad frente a otros hubs de la región.

Pero no es suficiente tener un régimen legal activo ni proyectos declarados en el Registro Oficial. Lo que está en juego hoy es si esos esquemas logran sostener decisiones reales de inversión y operación bajo condiciones concretas, no bajo promesas.

El entorno logístico internacional se mueve rápido. Cambian rutas, se ajustan capacidades, aparecen nuevas exigencias regulatorias y se redefine la manera en que las empresas evalúan riesgo. Frente a ese escenario, las zonas francas no compiten solo por ubicación o por calado portuario, sino por claridad normativa, velocidad de implementación y coordinación institucional. Cuando esas variables no avanzan al mismo tiempo, la oportunidad empieza a perder tracción.

La infraestructura portuaria muestra señales de avance. Los planes de dragado del Puerto de Guayaquil, la consolidación operativa de Posorja y los anuncios de inversión reflejan que hay capital y voluntad para fortalecer la capacidad instalada. No obstante, la infraestructura por sí sola no garantiza competitividad. Sin procesos ágiles, conectividad terrestre eficiente y reglas claras para operar dentro y fuera de los recintos, el impacto real se diluye.

Aquí aparece una tensión relevante: mientras las obras tienen plazos largos y dependen de múltiples actores, el riesgo logístico se mueve en ciclos cada vez más cortos. Las empresas que evalúan instalar operaciones o relocalizar parte de su cadena no esperan solo metros de muelle o hectáreas disponibles; esperan certezas. Y esas certezas hoy se construyen tanto con obras físicas como con decisiones regulatorias y operativas.

En ese contexto, las zonas francas tienen el potencial de convertirse en una palanca concreta de competitividad logística. Más que un incentivo aislado, ofrecen un marco que puede facilitar operaciones más ágiles, mayor control de costos y una mejor integración entre almacenamiento, valor agregado y distribución. Para empresas que buscan reducir fricciones, ganar previsibilidad y acercar sus operaciones a los puntos de salida, estos esquemas empiezan a configurarse como una alternativa cada vez más relevante dentro de la estrategia logística.

El escenario actual refuerza esa lectura. A medida que el entorno internacional se vuelve más exigente y menos lineal, contar con plataformas que permitan operar con mayor flexibilidad y menor exposición a cuellos de botella externos se vuelve un activo. Zonas francas y puertos, bien articulados, no solo amplían la capacidad del país, sino que abren opciones que vale la pena evaluar con anticipación. Para los actores del comercio exterior, no se trata de una solución única, pero sí de una variable que empieza a ganar peso en la toma de decisiones.